VerdeO
MASTER MEMBER
Hoy en su columna de Análisis Político de EC el periodista Juan Paredes Castro escribió algo muy interesante que trancribo:
"El reino de la impunidad consentida"
Así como hay una "magalyzación" de la televisión, que viene como contagio de la combinación de escándalo e impunidad impuesta por la periodista Magaly Medina, hoy presa por difamación, hay también, por decirlo así, una "magalyzación" de la política pública, en la que cualquiera puede traficar con ella como le venga en gana.
La "magalyzación" ha ido perdiendo su sello de periodismo de investigación del espectáculo propiamente dicho para terminar siendo una expresión, cada vez más acentuada, de la impunidad, cuyas características típicas de desacato a la ley, a los derechos de las personas, a los limites de las libertades y a las mínimas reglas de la ética y la autorregulación le dan un contorno de lumpenización al ejercicio de la política y al desempeño de algunas de nuestras instituciones públicas.
Lo más grave de este extendido reino de la impunidad es que está siendo cada vez más consentido. Y a las escasas formas y propósitos de acabar con él se contraponen nuevas y mayores maneras de defenderlo y consolidarlo.
Es como si de pronto la institucionalidad del país se hubiese paralizado bajo la presión del "dejar hacer" y del "dejar pasar", en una suerte de impotencia ante la dificultad y debilidad del Gobierno y del Congreso por establecer un básico principio de autoridad y por promover las condiciones de un contrato social de más respeto y civilización entre los peruanos.
La misma impunidad que rodea al presidente regional de Puno a la hora de desafiar al Gobierno unitario y al Estado indivisible, sin que le pase nada, se instala en coyunturas cíclicas en el Congreso, cuando más de uno de sus miembros incurre en estafa y más de la mayoría de los mismos trata de defenderlo hasta las últimas consecuencias.
Las reacciones de los abogados Rómulo León Alegría y Alberto Quimper a la penalización de su conducta, son, por ejemplo, de antología.
Quimper afirma, muy suelto de huesos, que él ya está demasiado viejo para ir a la cárcel y que por consiguiente le importa un demonio colaborar o no con la justicia ni menos decir la verdad.
León Alegría sostiene, desde la clandestinidad, que no se pone a derecho porque hay un linchamiento público contra su persona, como si ese 'linchamiento' del que habla no lo hubiera generado la revelación del lobby que le permitió a él y a Quimper cobrar un dinero negro (no demostrado hasta hoy que sea blanco) por el 'faenón' de cerrar contratos de exploración petrolera.
No hagamos pues de la impunidad un reino consentido sino descarnadamente penalizado. Así habremos dado un mejor paso contra el abuso del poder y contra la corrupción.
Importante punto de vista que comparto plenamente. Estamos peligrosamente cayendo en un estado de inacción frente a los delitos de cualquier tipo, sean menores o mayores, como si no nos importara y sea sólo problema del gobierno o de los demás pero no de nosotros (como si viviéramos en la Luna). Y lo peor -como dice el artículo- es que cada vez lo consentimos más, igualito como consentimos al programa basura ese y los excesos de su conductora, consentimos que los Otorongos hagan lo que les da la gana, y nuestros políticos y funcionarios corruptos idem.
Dejaremos que termine de "Magalizarse" nuestro país? Qué hay que hacer para que ésto no suceda o empeore más? Las iniciativas tipo "Adopta a un congresista" vieron en qué terminó? En una oposición ferrea de los Otorongos a una fiscalización cercana por la población. Qué hay que hacer?
"El reino de la impunidad consentida"
Así como hay una "magalyzación" de la televisión, que viene como contagio de la combinación de escándalo e impunidad impuesta por la periodista Magaly Medina, hoy presa por difamación, hay también, por decirlo así, una "magalyzación" de la política pública, en la que cualquiera puede traficar con ella como le venga en gana.
La "magalyzación" ha ido perdiendo su sello de periodismo de investigación del espectáculo propiamente dicho para terminar siendo una expresión, cada vez más acentuada, de la impunidad, cuyas características típicas de desacato a la ley, a los derechos de las personas, a los limites de las libertades y a las mínimas reglas de la ética y la autorregulación le dan un contorno de lumpenización al ejercicio de la política y al desempeño de algunas de nuestras instituciones públicas.
Lo más grave de este extendido reino de la impunidad es que está siendo cada vez más consentido. Y a las escasas formas y propósitos de acabar con él se contraponen nuevas y mayores maneras de defenderlo y consolidarlo.
Es como si de pronto la institucionalidad del país se hubiese paralizado bajo la presión del "dejar hacer" y del "dejar pasar", en una suerte de impotencia ante la dificultad y debilidad del Gobierno y del Congreso por establecer un básico principio de autoridad y por promover las condiciones de un contrato social de más respeto y civilización entre los peruanos.
La misma impunidad que rodea al presidente regional de Puno a la hora de desafiar al Gobierno unitario y al Estado indivisible, sin que le pase nada, se instala en coyunturas cíclicas en el Congreso, cuando más de uno de sus miembros incurre en estafa y más de la mayoría de los mismos trata de defenderlo hasta las últimas consecuencias.
Las reacciones de los abogados Rómulo León Alegría y Alberto Quimper a la penalización de su conducta, son, por ejemplo, de antología.
Quimper afirma, muy suelto de huesos, que él ya está demasiado viejo para ir a la cárcel y que por consiguiente le importa un demonio colaborar o no con la justicia ni menos decir la verdad.
León Alegría sostiene, desde la clandestinidad, que no se pone a derecho porque hay un linchamiento público contra su persona, como si ese 'linchamiento' del que habla no lo hubiera generado la revelación del lobby que le permitió a él y a Quimper cobrar un dinero negro (no demostrado hasta hoy que sea blanco) por el 'faenón' de cerrar contratos de exploración petrolera.
No hagamos pues de la impunidad un reino consentido sino descarnadamente penalizado. Así habremos dado un mejor paso contra el abuso del poder y contra la corrupción.
Importante punto de vista que comparto plenamente. Estamos peligrosamente cayendo en un estado de inacción frente a los delitos de cualquier tipo, sean menores o mayores, como si no nos importara y sea sólo problema del gobierno o de los demás pero no de nosotros (como si viviéramos en la Luna). Y lo peor -como dice el artículo- es que cada vez lo consentimos más, igualito como consentimos al programa basura ese y los excesos de su conductora, consentimos que los Otorongos hagan lo que les da la gana, y nuestros políticos y funcionarios corruptos idem.
Dejaremos que termine de "Magalizarse" nuestro país? Qué hay que hacer para que ésto no suceda o empeore más? Las iniciativas tipo "Adopta a un congresista" vieron en qué terminó? En una oposición ferrea de los Otorongos a una fiscalización cercana por la población. Qué hay que hacer?
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