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El juez que se enfrentó al Poder

Publicado por admin Denuncias Jan 13, 2011


El juez José Domingo Cruz Cala viene luchando contra la corrupción y el abuso de poder en el Poder Judicial. Está a punto de perder su libertad.

La historia de José Domingo Cruz Cala, juez civil titular de Andahuaylas de la Corte de Apurímac, es una de indignación, pero, a la vez, de esperanza, fuerza y fe. Desde el año 2005, este magistrado viene siendo acosado y discriminado por sus superiores solo por ser honesto. Ese año marcó un antes y un después en su carrera, y sus buenas acciones de ese entonces han conseguido que lo bombardeen con querellas y amenazas sin fundamento y de toda clase.
| Unidad de Investigación |
El calvario del juez Cruz empezó en el año 2004, cuando ciertos empresarios de casinos, en un intento por burlar la Ley, principalmente en cuanto a tributación e importaciones, interponían acciones de amparo en provincias a pesar de que sus negocios principales funcionaban en Lima. “Su intención era buscar un juzgado en el que iban a ganar sí o sí, como lo han denunciado los medios de comunicación nacionales”, nos dice el magistrado.
La acción de amparo que significó el inicio del suplicio de Cruz “fue interpuesta, entre otros, por un conocido abogado, Ángel Romero Díaz, quien en esa época no era magistrado, sino que desempeñaba el cargo de personero legal nacional del Partido Aprista”. Fue tan significativo que algunos medios llegaron a calificarlo como “el modelo Romero”. Luego de haber sido interpuesta en el 2001, en Andahuaylas, “estas acciones de amparo proliferaron por todo el país”, revela Cruz.
Según Cruz, los intereses que buscaba amparar esta acción eran los de la millonaria cadena de casinos ‘Fargo’. “El apoderado de esa empresa, Teófilo Hoyos Altamirano, es el cuñado del vocal más influyente de la Corte Superior de Apurímac, Glicerio Alarcón Altamirano, quien fue presidente de Corte y actualmente es vocal titular y presidente electo para el 2011-2012”. Esta acción de amparo favoreció, además, a las empresas Cathay, Zlata y Balshen Gaming, cuyo representante es la misma persona”.
Cuando el juez Cruz asumió su cargo en Andahuaylas, en noviembre de 2003, encontró que este proceso ya estaba sentenciado. “Los señores de ‘Fargo’ pretenden sorprenderme e intentan seguir aplicando esta acción de amparo, incluso en Lima y contra quienes no son parte. Viendo esta irregularidad, yo declaré improcedente tal solicitud”.
Cuando negó este pedido, “el Dr. Romero interpuso una queja en mi contra, la cual quedó a consideración del entonces presidente de Corte Glicerio Alarcón, cuñado del apoderado de ‘Fargo’ y de las otras empresas. De acuerdo a Ley, el vocal Alarcón estaba impedido de conocer el caso, justamente por sus vínculos familiares con el mencionado apoderado”.
“Es así que informé y denuncié lo sucedido al entonces jefe de la OCMA, Dr. Francisco Távara. Pasó el tiempo y tuve la impresión de que él no quiso resolverla y ‘durmió’ el expediente. Él solo resolvió el tema después de que salí a los medios a hacer mis denuncias (setiembre 2006). Pero, para mi sorpresa, resolvió a favor de quienes estaban cometiendo la irregularidad y en contra mía”.
Cruz aclara que “Távara, como jefe de la OCMA, tenía como obligación velar por la corrección del desempeño funcional y era evidente que en este caso se estaba defraudando al Estado escandalosamente. Távara emite una resolución en la que, de manera forzada, absuelve al vocal Glicerio Alarcón bajo el argumento falso de que el cuñado de Alarcón no tenía la condición de un apoderado de ‘Fargo’. Távara, en su resolución, dice que Hoyos solo tendría la calidad de ‘nuntius’ y que, por ello, no hay problema alguno en que el vocal Alarcón intervenga en el caso. No entiendo de dónde ha sacado el Dr. Távara esa categoría de ‘nuntius’, ya que esta no existe legalmente. Hoyos figura como apoderado con potestades absolutas, más que las de un Gerente General”.
Constancia que certifica que el juez Cruz Cala no tenía un solo proceso abierto antes de su intervención en contra de los abusos de los casinos.

El procedimiento correcto es que, cuando la OCMA recibe una denuncia sobre el comportamiento indebido de un magistrado, debe pedir las copias del expediente de donde deriva la conducta denunciada. El Dr. Távara no dio ese paso elemental. Cruz asegura que “no quiso ver a propósito el expediente de amparo donde obra dicha ficha registral y ha resuelto, pese a que era su obligación solicitar estos documentos. Incluso, a pesar de que yo había sido separado del caso, solicité que la OCMA pidiera el expediente original o copias certificadas porque no se puede emitir una resolución sin tener en consideración la acción de amparo para empezar. Ni siquiera me contestaron”.
Antes de haberse enfrentado a estos personajes tan poderosos, Cruz Cala nunca tuvo un proceso disciplinario, desde 1999, año en que empezó a trabajar en el Poder Judicial. Es cuando se les planta que se viene el ciclón de procesos disciplinarios. “Ser el primer magistrado que se atrevió a denunciar la ilegalidad de las acciones de amparo de los casinos y tragamonedas me está costando muy caro”.
Las represalias se agravan
El juez Cruz está siendo procesado actualmente con cuatro querellas en la corte donde Alarcón Altamirano ejerce todo su poder, así como el querellante Olmos Huallpa, querellas en las cuales denuncia que no se le permite defenderse ni probar porque “tienen miedo a que salga a la luz la verdad”. Incluso, en el seguido por Olmos, el juez Salas Callo le ha negado el derecho a recusar, pidiendo, como cualquier ciudadano, que el caso sea llevado por un magistrado imparcial, también se ha negado el derecho de informar antes de sentencia.
En la querella seguida por René Olmos Huallpa, el juez Antonio Salas Callo le ha negado los derechos a recusar (solicitando un juez imparcial) y a informar, entre otros. “En este proceso solicité como medio de prueba de la defensa, entre otros, que se informe respecto de que Olmos Huallpa, como Presidente de Corte, ha continuado brindándole su confianza al juez suplente que sentenció a favor de los tragamonedas, cuando supuestamente debiera evaluar la idoneidad del juez suplente para que continúe en el cargo”, comenta Cruz. “Empero, temiendo la verdad y haciéndose el que no entiende, me acusa de haberle imputado la expedición de sentencias o resoluciones a favor de los tragamonedas, cosas que no he sostenido. Por ejemplo, no se podría admitir que se mantenga en el cargo a un juez suplente que haya utilizado a su menor hijo para cobrar un dinero”, reclama el magistrado.
El juez Cruz Cala ha sido querellado por unas publicaciones aparecidas en el diario “La República” (en setiembre y octubre de 2008). Lo extraño de esta querella es que el denunciado no redactó ni fue siquiera entrevistado por este medio. Cruz afirma que, “inclusive, posteriormente, el periodista César Romero, de ‘La República’, en una entrevista radial, ha manifestado su extrañeza por la querella en mi contra a raíz de una nota que él escribió. Creo que Olmos Huallpa no querella a ese medio, sino a mí, porque no podrían hacer lo que les dé la gana con el apoyo de los jueces de su propia corte, además de que ese y otros medios investigarían el caso con mayor profundidad y podría llegarse a la verdad. Eso no les conviene”.
Queja interpuesta por el juez Cruz Cala ante la Defensoría del Pueblo en la que advierte la constante vulneración de sus derechos desde hace casi seis años.

Existió también un habeas corpus que podría haber restablecido el debido proceso, pero este fue desestimado por la jueza Nayko Coronado. Cruz considera que “no existe atisbo de una real investigación considerando cómo el partido de Gobierno tiene copado el Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Hay muchos ‘compañeros’ implicados en el fraude o en las represalias por haberlo denunciado”, asegura el magistrado.
Luego de la omisión de sancionar y tomar medidas por parte del Dr Francisco Távara, como jefe de la OCMA, la permanencia del juez Cruz en la plaza del Juzgado en Andahuaylas se ha vuelto imposible, ya que su actuación independiente y proba en el proceso de los tragamonedas y la denuncia que efectuó ante la OCMA le han traído únicamente “represalias, constantes hostigamientos y, a la larga, se pretende desacreditar y mancillar mi reputación”, afirma Cruz, “hasta condenarme y privarme de la libertad, que es lo que está pasando en estos momentos”. Por ello, el 21 de marzo de 2005, y previendo el cargamontón que se venía en su contra, solicitó su traslado. Incluso, en el caso de que este no se le concediera, pidió que se acepte su renuncia inmediata al cargo de Juez (T) Especializado Civil. Sin embargo, y según afirma el propio juez de Andahuaylas, ambos pedidos fueron declarados improcedentes por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con resolución de fecha 15 de julio de 2005. “Dicha resolución ha sido impugnada con fecha 06 de setiembre de 2005, pero hasta la fecha no se tiene pronunciamiento alguno sobre el fondo. Son casi cinco años en apelación y casi seis de iniciado el proceso. La ley 27444 otorga como plazo máximo treinta días para todo el proceso”, aseveró. Cruz considera ello un acto de total abuso de autoridad, además de discriminatorio, por cuanto existen casos de renuncias que se han resuelto en menos de tres días y traslados en menos de seis meses. En el colmo de los abusos, el mismo pedido se ha reiterado 22 veces, pero nada.
La mano invisible de Villa Stein
“Incluso solicité al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, que me brinde una entrevista y me expida constancias e informes a efecto de hacer valer mis derechos, pedido reiterado seis y ocho veces”. Cruz manifiesta, desilusionado, cansado y afectado económicamente -porque debe defenderse con su propio dinero-, que Villa Stein tampoco se ha pronunciado y que, por ello, ha tenido que interponer una queja ante la Defensoría del Pueblo. “El presidente Villa Stein y la Sala Plena Suprema permanecen inertes e indiferentes, mirando cómo un grupo político y económico millonario (que ha defraudado millones a través de resoluciones) termina por despedazar al magistrado recurrente solo por ser independiente y por cumplir con mi deber, no sucumbiendo ante ellos”, afirma Cruz con el peso de años de lucha desigual.
Un juez justo está siendo demolido. Un magistrado que se interpuso entre el poder y la Justicia mal administrada está a punto de perder su libertad en uno de los procesos que se le siguen a raíz de sus valientes actuaciones contra el poder y, con cada vez menos fuerza, quiere tomar la piedra de la Verdad, alzarla con la honda de la esperanza y darle, casi con los ojos cerrados ya por el cansancio, en la frente al Goliat que lo pisotea de reojo, como si sus derechos no valiesen un cobre partido por la mitad.
“He sido golpeado demasiado por ser honesto y peores cosas de las que me han hecho no creo que me puedan hacer, aunque esté a punto de perder mi libertad por la presión de tremendos intereses”, finaliza Cruz, un juez que no hizo caso a las sugerencias de quienes le preguntaban por qué seguía en esta lucha “sin sentido” y le recomendaban que era mejor ceder y torcer sus principios.

Las querellas
1. 2010-16. Seguida por la millonaria cadena de tragamonedas Fargo (que pretende que el juez Cruz Cala le pague un millón de soles).
2. 2007-0314 y 2009-0550. Formuladas por Bravo Yapias, quien, según afirma Cruz Cala, “dice que dicen que lo habría difamado”.
3. 2008-0650. Seguida por el Juez Superior de ODECMA y ex presidente de la Corte de Apurímac Rene Olmos Huallpa. Cruz afirma que este juez es “apoyado abiertamente por jueces parcializados como Abel Meléndez Caballero (ascendido por Olmos Huallpa), Antonio Salas Callo (denunciado por pedirle dinero a un justiciable de Nazca y luego trasladado a Andahuaylas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en menos de un año), el juez suplente “a dedo” Maxwell Odicio (sin requisito para desempeñar el cargo, no aparece que siquiera haya postulado ante el CNM para el cargo de juez, o para juez supernumerario, o a la Academia de la Magistratura), Erwin Tayro, Florencio Jara y Jelio Paredes, entre otros”.
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esta no es la revista denunciada en panorama por lavado de activos por benedicto , heriberto y orellana guarda kausita

 

Toda esa maldita corrupción de nunca acabar, hasta cuando la gente honesta tiene que pasar por lo peor. Y el gobierno bien gracias

 

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Esto es una muestra de que la ODICMA y OCMA deben ser totalmente reformadas. Y luego, extirpar todo partidismo político dentro del Poder Judicial, ya que no debe depender del gobierno de turno, cualquiera que sea, por lo que no es un disparate exigir que todos los servidores del Poder Judicial y entidades estatales deben ser terminantemente prohibidos de militar en partidos politicos. Los únicos cargos fuera del requisito son los Ministros y asesor del Ministro, por ser de confianza.