Concesion de Carceles. Estaria de acuerdo, Que opina ?

[h=1]Concesiones de cárceles: un negocio atractivo, pero con riesgo político[/h] 04 septiembre 2015 0 Comentarios
Las empresas que operen cárceles pueden obtener retornos de entre 10% y 15% por año, pero el factor político es un riesgo clave para la inversión.


Por Andrea Moncada
04 septiembre 2015

Hace unas semanas el premier Pedro Cateriano anunció que el gobierno trabajaba una norma que permitiría la concesión de cárceles a empresas privadas mediante asociaciones público-privadas (APP). Si bien aún no se conoce que contiene esta medida, no es una iniciativa nueva en el país: a finales del 2010 se intentó implementar una APP para una cárcel en Huaral, aunque el proyecto finalmente fue cancelado. En el mundo, al menos once países poseen algún tipo de privatización de cárceles, según The Sentencing Project, ONG que promueve reformas en el sistema penitenciario de Estados Unidos. En ese país, el 8% de los prisioneros estaba dentro de una cárcel operada por una empresa privada, según esta entidad. En Australia, al 2012 esa cifra alcanzaba el 19%, mientras que en Inglaterra y Gales el 14%.

Participar en concesiones de cárceles tiene atractivo para el sector privado. La tasa de retorno por operar una concesión de prisión oscila entre 10% y 15% por año, aunque “esto varía significativamente por país” indica Christopher Blunt, director de finanzas corporativas de Deloitte UK. “En la práctica, las experiencias alrededor del mundo son muy diversas (…) En algunos países como el Reino Unido, empresas han reportado utilidades no muy diferentes de aquellas generadas en otros sectores económicos con perfiles de riesgo comparables”, afirma Guilherme Naves, socio de Radar PPP –consultora en APP de Brasil– y ex funcionario del equipo de APP en el Estado de Minas Gerais. Sin embargo, estas concesiones pueden tener un alto riesgo político, un desincentivo para inversionistas.
[h=3]En busca del modelo[/h]Se han aplicado dos tipos de modelos de APP para concesionar cárceles. En el primero, el esquema de asociación implica que el equipo privado diseñe la cárcel, la construya y le dé mantenimiento físico a la construcción. El segundo modelo es de servicio completo, en el cual la empresa privada también está a cargo de la operación del penal incluyendo el resguardo de los reos. Este último modelo ha sido implementado en el Reino Unido, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Dada la diferencia importante entre ambos modelos, es clave que el Estado defina claramente el modelo que optará antes de iniciar un proceso de concesión de cárceles. “El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene primero que definir el modelo penitenciario que quiere implementar”, señala Miguel Donovan, director general de Currie & Brown, consultora que ha asesorado a la INPE en esta materia. “El principal riesgo [para el inversionista] es que no sea claro el tipo de modelo”, sostiene.

Si se adopta el segundo modelo, a largo plazo pueden surgir una polémica política: críticas a que una empresa privada maneje la seguridad dentro del establecimiento penal. “Algún gobierno de turno en un país puede considerar que no es apropiado que pierda el control sobre la custodia de sus cárceles”, advirtió Gerardo Herrera, líder de sector público de Deloitte Perú.

Fue justamente eso lo que sucedió en el Perú. En el 2011, un consorcio español compuesto por las empresas Montealto XXI, Exeteco Internacional y Eulen, ganó la concesión realizada por Proinversión e iba a ser el encargado de construir y operar el establecimiento, incluyendo la labor de seguridad. El consorcio presentó una oferta de S/.5.1 millones de retribución por inversiones trimestral y S/.2.5 millones de retribución por operación y mantenimiento.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo declaró que el contrato de concesión podía implicar “la delegación de competencias reservadas exclusivamente en la autoridad penitenciaria de acuerdo a lo señalado en las normas pertinentes”, según el Instituto Peruano de Economía. Entre las competencias, estaban “delegar funciones a un privado respecto a la seguridad, medias disciplinarias uso de la fuerza y coacción de los internos”. El gobierno finalmente desistió con la licitación y se canceló el proyecto.
[h=3]Servicios en la mira[/h]Un riesgo adicional para la inversión en cárceles es la prestación de servicios, una particularidad de este negocio. Las concesiones en infraestructura suelen enfocarse en el mantenimiento de un activo –como una carretera–; las concesiones en infraestructura social, como en cárceles u hospitales, más bien se enfocan en la provisión de servicios, como salud o educación para los reos, explica Naves de Radar PPP.

En el contrato de concesión de una cárcel, se estipula un nivel de calidad de estos servicios. “Si los niveles de calidad de los servicios prestados no son alcanzados, es posible que la empresa deje de percibir pagos de parte del concesionario”, sostiene Naves. “Esto generaría perdidas económicas que reducirían la tasa de retorno para los inversionistas”, finaliza.

 

No cambia nada quién administre la cárcel, entre la codicia privada y la desidia pública no hay mucha diferencia. Mejor ejemplo no se puede encontrar en Estados Unidos. El gobierno federal y los gobiernos estatales pagan a las corporaciones por mantener la mayor cantidad de prisioneros en sus establecimientos penales, y reciben generosas primas por reo. No se hace el esfuerzo en pro de políticas de rehabilitación ni muchos de despenalización. Con plazas vacías y menos número de reincidentes, la cárcel deja de ser negocio. Los penales públicos también son una desgracia. Durante los años setenta del siglo pasado la malas condiciones de vida en las cárceles estadounidenses se convirtieron en un género cinematográfico, como por ejemplo la película "Brubaker" (1980), sobre un alcaide de una prisión en el sur de Estados Unidos que descubre la corrupción del sistema haciéndose pasar como un prisionero.

Por otro lado, sobre el sistema penal norteamericano, tanto privado como público, pesa el alto grado de conflictividad social. En USA la "raza" cuenta para pronosticar las posibilidades de un ciudadano de ser encarcelado. Los gremios de policías y de guardias penitenciarios son parte del sistema, tienen su tajada de los ingresos de la industria carcelaria. En los últimos años el nexo es tan profundo que uno alimenta a otro de personal.

Parafraseando a Lenin, ¿Qué hacer? Bueno, la administración de las cárceles puede quedar en manos del INPE, la vigilancia externa en manos de compañías privadas. O, quizás, en todo lo referente a temas no penitenciarios, se puede dar una concesión a las empresas privadas. La materia penitenciaria queda en manos de la autoridad del INPE. El privado no puede ni debe ejercer funciones privativas del Estado sobre la disciplina y rehabilitación carcelarias.

 

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La solucion es convertir los cuarteles militares en carceles muy rigidas para los que cometen crimenes violentos ... teniendo gente entrenada para someter a los violentos, los tenemos engordando y rascandose la panza ... de paso se entrenan con ellos en combate cuerpo a cuerpo, guerra psicologica, espionaje e interrogatorios ... tanto dinero les tiramos todos los anos solo para verlos marchar disparejos en fiestas patrias ??? ... no se pasen px !!!
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Los cuarteles no son cárceles y mucho menos son los lugares más adecuados para los fines para los que sirven las cárceles. Los militares, de soldado a general, son los menos entrenados para tratar con presos. No sabes pero, en fin, debes saber de una vez por todas, es un dolor de cabeza para la Marina el penal de la Base Naval. Si fuera por ella ya habrían sacado el penal hace rato. Solo les salva que nada tiene que ver con lo que pase adentro, es jurisdicción del INPE.

 

cualquiera lo haría mejor que el inpe.

 

LAS CARCELES Y LA INCLUSION SOCIAL
GESTION WEB - 02/08/2015

El Premier, Pedro Cateriano, acaba de anunciar que presentará un Decreto Legislativo que permitirá la existencia de una sistema penitenciario mixto, con cárceles públicas y privadas.
No existe nada inherentemente malo a la existencia de cárceles privadas. Al menos en teoría, existen tres posibles beneficios de su existencia.

1. Las cárceles privadas se construyen más rápido (2 años vs. 6 o 8 años que suele demorar la construcción de una cárcel pública).
2. Los costos de operación son menores.
3. Los reos se benefician de una mejor preparación para su reinserción y, los familiares, de un régimen más flexible de visitas.

Además, otros países ya han pasado por este tipo de reforma en el mundo desarrollado y también en América Latina. El sistema mixto existe en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Australia, Hong Kong, entre otros. En la región, se conocen experiencias en Chile y Brasil.
Sin embargo, como siempre, el diablo está en los detalles. En este blog, anteriormente argumenté cómo, a pesar de las ventajas teóricas de una Asociación Público Privada (APP), con poca transparencia y un contrato mal negociado, el remedio de las APP puede terminar siendo peor que la enfermedad.
En el caso de las cárceles privadas, ocurre algo similar, aunque con una agravante. Para ganar más dinero, los concesionarios o dueños de una cárcel necesitan:

1. más presos en sus cárceles;
2. cobrar más por preso; o
3. una combinación de ambas.

Esto significa, por ejemplo, que si Usted fuera el dueño de una cárcel (o quisiera convertirse en uno), se pararía a aplaudir cada vez que el Premier o algún miembro del Ejecutivo o Legislativo plantee el endurecimiento de penas “para combatir la inseguridad”, pues este asegurará que sea más fácil que las personas lleguen a las cárceles y más difícil que salgan de ellas. Peor aún, lo más probable es que esté dispuesto a hacer lobby para que esto ocurra. Y esto es muy peligroso para la sociedad porque los intereses de los dueños de las cárceles privadas son los opuestos a los de la sociedad, aunque se disfracen de los mismos. Eso no hay que perderlo de vista: los peruanos no queremos más presos ni cárceles privadas sino más seguridad.
El caso de Estados Unidos es bastante ilustrativo respecto de cómo opera la dinámica “privatización – lobby para endurecimiento de penas – incremento de la población penitenciaria – alto costo para el Estado y enorme beneficio para las empresas dueñas o que operan las cárceles”. En dicho país, la privatización de las cárceles se popularizó en los años ochenta. Desde entonces, la población penitenciaria se ha cuadriplicado. Como resultado de ello, Estados Unidos alberga en sus prisiones al 20% de todos los encarcelados del mundo, a pesar de solo tener el 5% de la población mundial. Esto llevó a Eric Holder, el ex Fiscal General de Estados Unidos, a afirmar que “en Estados Unidos, muchas personas están presas por un tiempo más largo del necesario y por razones injustificadas”. Y esto, junto con el hecho de que los encarcelamientos tienen un probado sesgo étnico en el país, ha motivado que el Presidente Obama plantee una reforma integral del sistema penitenciario.
Es precisamente a la luz de estas consideraciones que conviene reflexionar sobre la reciente propuesta del Premier Cateriano de crear un sistema penitenciario mixto. A continuación cinco elementos que podrían ayudar en este proceso:
En primer lugar, como sociedad debemos cada vez más involucrarnos en este tipo de decisiones pues son las que finalmente le darán forma el Perú de mañana. Así como en el caso del aborto, antes que prohibirlo o promover una industria privada alrededor de él, es mejor invertir en minimizar el número de embarazos no deseados; en el caso de las cárceles, antes de meter a la mayor cantidad de peruanos a la cárcel o hacer del encierro una industria, es mejor invertir en asegurar que cada vez menos peruanos vean al delito como una opción de vida.
En segundo lugar, antes de comenzar a escribir un Decreto Legislativo que cree el sistema mixto, valdría la pena reflexionar sobre si es posible obtener el mismo resultado deseado (o quizás uno mejor) con un sistema alternativo. La gestión con estándares de eficiencia del sector privado puede conseguirse sin la necesidad de un sistema mixto. Por ejemplo, a través de una subcontratación. Si el problema es que no se consigue bloquear los celulares en las cárceles y existe la conjetura de que los operadores privados podrían ser más efectivos haciéndolo, ¿por qué el INPE no contrata empresas privadas para que le presten el servicio para hacer el bloqueo y luego asegurarse que se mantenga operativo?. Esto ya lo puede hacer sin ningún decreto legislativo de por medio.
En tercer lugar, si es que se decide de todas maneras crear el sistema mixto, las cláusulas que aseguren que los costos operativos privados sean menores a los del sistema penitenciario público deben ser estrictas, no renegociables y, sus resultados, transparentes, no solo al momento de la concesión o privatización sino al término de cada año de la prestación del servicio. Si no se asegura una mayor eficiencia en costos, los beneficios de la alternativa de la privatización de las cárceles se diluyen. Exactamente lo mismo ocurre con las APP.
En cuarto lugar, los términos de las convocatorias para elegir operadores del sistema mixto deben permitir no solo la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras sino también la de ONG’s y organizaciones religiosas, pues varias de estas ya cuentan con experiencias exitosas de gestión de establecimientos penitenciarios en América Latina. Un buen ejemplo por consultar es el caso de Brasil.
En quinto lugar, la creación del sistema mixto y su implementación debe realizarse en el marco de un diálogo amplio y no debería precipitarse durante el período de facultades extraordinarias pues, de no existir un relativo consenso en la sociedad respecto de su conveniencia, la decisión corre el riesgo de revertirse tal como ya ha ocurrido en Canada y Nueva Zelanda.

 

Te aseguro que, nos guste o no, el INPE es lo único que tenemos. Alguien tiene que hacer algo por esa institución, no se logra nada abriendo la profesión a los licenciados de las FF.AA. Se necesitan críminologos, terapeutas, etc...