Derechos humanos en el Perú: Planes de gobierno de Keiko y Ollanta

Derechos humanos en el Perú: Planes de gobierno de Keiko y Ollanta
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Defensoría vio 530 casos de violaciones de DD.HH. entre el 2003 y 2008. Mientras plan de Fuerza 2011 minimiza tema, el de Gana Perú lo resalta

La noche del 28 de agosto del 2003 cientos de mujeres llegaron a la Plaza de Armas de Huamanga, abrieron sus mantas y extendieron sobre la pista las ropas de sus deudos. Entre velas y lágrimas, la enviada especial de El Comercio encontró a la esposa de Felipe Huamaní Palomino que murió en 1984 cuando tenía 31 años. “¿Tienes valor para ver?”, preguntó y la periodista asintió dudosa. Le mostró una camisa rasgada y le contó que eso fue lo que quedó de su marido después de un mes de desaparecido. “Los perros se lo comieron, solo encontré sus ropas y un trozo de su cara”, dijo la señora y siguió llorando junto a sus cinco hijos.

Ese mismo día el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres, presentó el informe final de dicho grupo de trabajo. Nos enteramos que 69.280 peruanos murieron durante los años de barbarie y de cada cuatro muertos, tres fueron campesinos. Para ser más precisos, la violencia vivida entre los años 1980 y 2000, que fue iniciada y perpetrada en su mayor extensión por Sendero Luminoso, cobró más víctimas que todas las guerras externas y civiles que ha soportado el Perú durante su historia republicana.

Si bien las cifras presentadas pueden generar cuestionamientos, no se puede negar que una parte del país estuvo de espaldas ante lo ocurrido. Pero preocupa aun más que hoy, pese a vivir en un contexto distinto, las conductas de violación de los derechos humanos subsistan. Así lo demuestra el informe defensorial N°139 que señala que entre el 2003 y 2008 la Defensoría del Pueblo recibió 530 quejas por presuntas torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a las fuerzas del orden. Las agresiones físicas (puñetes, puntapiés en el abdomen, tórax, espalda, uso de la asfixia u aplicación de descargas eléctricas) fueron las prácticas más recurrentes, además de agresiones psicológicas y sexuales.

En el 77,2% de los casos se señala como responsables a agentes de la Policía Nacional, mientras que el 22,8% restante a miembros de las Fuerzas Armadas. “Respecto del total de las quejas recibidas contra las Fuerzas Armadas, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes que venían prestando el servicio militar, algunos de los cuales eran menores de edad”, indica este informe del 2008 dedicado a los cinco años de procesos de reparación y justicia en el país.

En el documento, la ex defensora del Pueblo Beatriz Merino destacó los avances en el fortalecimiento de la democracia, pero advirtió que pese a los esfuerzos del Estado “somos una sociedad vulnerable, con múltiples conflictos sociales, demandas desatendidas y desigualdades, no solo económicas y sociales sino raciales y culturales”. También expresó su preocupación por la falta de presencia del Estado en las zonas más pobres y por la constatación de que seguimos siendo testigos de episodios sangrientos como las emboscadas terroristas contra las fuerzas del orden.

EL PLAN FUJIMORISTA

En el contexto electoral actual, los planteamientos sobre derechos humanos de ambos candidatos no pueden pasar inadvertidos. Por ello, llama la atención que Keiko Fujimori, cuyo padre cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, no le ha dedicado un solo párrafo al tema en las 58 páginas que componen el plan de gobierno de Fuerza 2011.

Solo en el eje 9 (página 35), referido a la “reducción de toda expresión de violencia”, menciona: “Fomentaremos mecanismos para asegurar el respeto de los derechos humanos de todos, empezando por las víctimas de la violencia y la delincuencia”.

El domingo pasado, Fujimori reconoció que “hay ausencias” en su plan, pero aseguró que respetará los derechos humanos y no liberará a los militares condenados por atentar contra ellos. Sobre las reparaciones a las víctimas, dijo tener reservas sobre aquellas concernientes a sentenciados por terrorismo, aunque apoyó las otorgadas tanto a civiles como miembros de las fuerzas del orden.

Consultado sobre esta omisión, el vocero de Fuerza 2011, Rafael Rey, explicó que el respeto y la defensa de los derechos humanos es “algo innato al ser humano y no tiene por qué constituir necesariamente una parte explícita de un programa de gobierno”. Resaltó que el fujimorismo se ha comprometido a garantizar la defensa para “todas las personas [...]. Su ausencia se debe a que es una cosa evidente, lógica y tácita. En todo caso, cuando tenemos ocasión de hablar del tema, lo hacemos”, añadió Rey.

PROPUESTA HUMALISTA

En la otra orilla, Gana Perú le dedica 31 menciones dentro de sus 197 páginas de plan de gobierno. En la presentación del documento se comprometen a “profundizar la política de respeto de los derechos sociales, económicos, ambientales, y, en especial, los derechos humanos”. Asimismo, el capítulo 7.4 lo enfocan en la materia.

En dicho espacio desarrollan un diagnóstico en donde mencionan la necesidad de garantizar la paz social en el país sustentada en la profundización de la democracia y el desarrollo sostenible. Para los humalistas las secuelas del conflicto interno persisten y profundizan las brechas estructurales y la exclusión de la población principalmente rural.

Ante esto, anuncian su “pleno respaldo” al informe final de la CVR y se comprometen a poner en práctica las reformas institucionales recomendadas por el informe y cumplir con las reparaciones a las víctimas en un plazo máximo de seis años. Para ello crearán un fondo nacional para reparaciones con recursos del tesoro público. Destaca, además, la propuesta de consolidar una entidad del Estado que se encargue de las políticas de paz, reparación y reconciliación nacional. Del mismo modo, mencionan que garantizarán “los derechos humanos de las personas con diferente opción sexual respetando su identidad y opción”. El plan también manifiesta que cambiarán el nombre del Ministerio de Justicia por Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.

Consultado sobre los dos casos, el ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Ronald Gamarra señaló que el fujimorismo tiene un déficit histórico con el tema y que con este plan de gobierno solo refuerzan la percepción de que “siempre han obviado los derechos fundamentales”. Con respecto a Gana Perú, indicó que si bien había varias líneas de trabajo, la duda recaía en la credibilidad que pudieran tener.

Basta con recordar que Ollanta Humala enfrentó un juicio por presuntos crímenes en la base contrasubversiva de Madre Mía, del cual fue absuelto, y en el 2005 llamó a la insurgencia popular contra un gobierno legítimamente constituido tras la toma de la comisaría de Andahuaylas.

“El estado tiene un déficit en el tema”

Para Ronald Gamarra, ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no hay democracia ni tampoco desarrollo económico si no se tienen en cuenta los derechos fundamentales.

El letrado sostuvo que uno de los grandes temas por resolver en la actualidad es cumplir con las reformas institucionales propuestas por el informe final de la CVR.

“Se avanzó durante los primeros años de la democracia, pero ahora las reformas se han detenido. Estas se refieren a que no exista impunidad en los juicios ni para senderistas ni para militares, también están los temas del museo de la memoria y de las reparaciones individuales y colectivas que en general también se han detenido”, aseguró.

Gamarra mencionó que hay un déficit de parte del Estado, pues se requieren políticas públicas y hasta el momento solo existe el Plan Nacional de DD.HH. que no ha sido respaldado por este gobierno.

“Se debe fortalecer con mayores recursos y herramientas de gestión al Consejo Nacional de DD.HH. que es el ente rector del plan. También esto supone crear el viceministerio de DD.HH. en el Ministerio de Justicia”, detalló.

Asimismo señaló la pobreza como el principal obstáculo para que las personas gocen de los derechos fundamentales.




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