Fujimori la decada oscura -- para que no se repita

Mafia hurtó 1.000 millones de soles a Caja Militar en el gobierno de Fujimori

Ni un solo centavo se ha conseguido recuperar de lo que se llevaron. Son más de 500 los procesados por los actos de corrupción, entre ex ministros del régimen de Fujimori, ex miembros de la cúpula militar y otros. Ver infografía sobre el desfalco de la caja militar.


María Elena Hidalgo.
La defensa legal de la Caja de Pensiones Policial Militar calcula en aproximadamente 1.000 millones de soles el monto desfalcado por la organización criminal encabezada por el ex asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, e integrada por la cúpula de las Fuerzas Armadas y un cogollo de empresarios mafiosos.

Ni un centavo de los fondos expoliados ha sido recuperado hasta el momento, lo que explica en gran parte por qué la Caja Militar se encuentra en una situación de colapso. “La Caja Militar ha sido una de las instituciones más afectadas por la corrupción durante el gobierno de Fujimori, sin embargo prácticamente no se ha conseguido retornar ni un solo sol de lo que se robó”, informó Robert Meza, abogado de la Caja Militar.

La Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos reportó que son 21 los casos judiciales relacionados con el desfalco a la Caja Militar y que dichos procesos involucran a alrededor de 500 personas, entre ex ministros del fujimorato, ex altos jefes militares, testaferros de Montesinos y una red de banqueros, financistas, brokers y empresarios vinculados con el ámbito de la construcción y la hotelería.

Business are business
El negociado más cuantioso que afectó los fondos de la Caja Militar es un préstamo ilegal que concedió esta entidad a favor de la compañía constructora Gessa Ingenieros, entonces gerenciada por Alberto Espantoso Pérez, por US$ 42 millones. El daño causado a la Caja Militar asciende a los 469.7 millones de soles, de acuerdo con la defensa legal de la institución.
Colima, la empresa de Luis y Wilfredo Venero Garrido, hermanos del testaferro de Montesinos, Víctor Venero, obtuvieron un crédito ilícito que representó una pérdida de 98 millones de soles.

La Caja Militar espera ganar estos juicios para recuperar en algo el dinero birlado por la mafia. Pero ha tenido reveses.
En un fallo sin precedentes, en el 2009 la Corte Suprema consideró que no hubo delito cuando la compañía Sagitario, de la familia Wiese Moreyra, le vendió a la Caja Militar por US$ 7.2 millones un terreno que seis meses antes había valorado en US$ 900 mil.
En esta operación participó Víctor Venero, pero la justicia concluyó que no hubo corrupción, lo que representó una gran pérdida económica para el organismo pensionario. “Esperamos recuperar en algo lo que robaron con los 17 casos que están en proceso judicial”, dijo Robert Meza.
Cifras
469.7 millones es lo que perdió la Caja Militar debido al préstamo ilegal que le hizo a la firma Gessa Ingenieros.
527 es el número de procesados por la veintena de casos relacionados con la corrupción en la Caja Militar.
“La Caja Militar fue la entidad más expoliada”

“La Caja de Pensiones fue virtualmente desmantelada durante el gobierno de Fujimori por una mafia que concertó el robo sistemático de los fondos y bienes con grandes empresarios”, dijo el procurador Pedro Gamarra Johnson.
”El operador principal era Vladimiro Montesinos que controlaba a los militares y policías que administraban la Caja Militar. Montesinos los presionaba para que aprobaran negocios que presentaban empresarios por intermedio de Víctor Alberto Venero. El que cobró las comisiones a los empresarios era otro testaferro, Juan Valencia Rosas”, explicó Gamarra.
En el caso de Juan Carlos Hurtado Miller, éste logró que Vladimiro Montesinos convenciera a los directivos de la Caja Militar para que aceptara como pago por una deuda de US$ 9 millones un terreno que valía cinco veces menos. Hurtado Miller aprovechó su condición de candidato fujimorista a la alcaldía de Lima para pedirle el favor a Montesinos, quien se lo concedió rápidamente. Ex directivos de la Caja admitieron ante la justicia que la orden efectivamente provino de Montesinos. fuente la republica

 

“A mí me esterilizaron a la fuerza y hasta hoy sufro las consecuencias”

Sabina Huilca, una de las víctimas de la planificación familiar fujimorista. El Ministerio Público archivó el caso de las esterilizaciones forzadas durante el fujimorato, pero las víctimas denunciarán otra vez a los culpables.

Ángel Páez.
“Luego de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca (provincia de Anta, Cusco), donde, luego de recibir la atención del médico, éste me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria). Me negué y me respondió ‘Tonta, vas a tener más hijos y no podrás criarlos. De pronto una enfermera me coloca una inyección. Yo no sabía que era anestesia. Al despertar tenía los pies y las manos atados con vendas en la cama, como animal.
Después me di cuenta de que me estaban cosiendo”, relata Sabina Huilca Cóndor, una de las víctimas de la esterilización forzada ejecutada por el gobierno de Alberto Fujimori como parte de su estrategia para reducir la pobreza: “‘¡Qué me han hecho!’, grité.
‘Ya vamos a terminar’, me contestó el médico que me cosía. Ya me habían malogrado (esterilizado) Yo me puse a llorar. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Por qué? Porque a mí me esterilizaron a la fuerza y hasta hoy día sufro las consecuencias. Es imposible que lo olvide”.

Víctima del plan fujimorista
Sabina Huilca, ahora con 41 años, había cumplido 21 cuando, sin su consentimiento, los médicos del Ministerio de Salud la esterilizaron de acuerdo con un plan aprobado y alentado por Fujimori. Desde hace más de una década las víctimas de la política de planificación familiar del fujimorato han intentado infructuosamente que se castigue a los autores intelectuales y materiales. No obstante que en el 2003 el Estado peruano se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar y sancionar a los responsables, el 26 de mayo del 2009 el fiscal Jaime Schwartz Azpur archivó definitivamente el caso.
En el 2010, Schwartz también archivó el caso del financiamiento de los estudios de Keiko Fujimori con fondos públicos. En un nuevo esfuerzo por reactivar el proceso, las víctimas se han reorganizado para apelar a las instancias internacionales. El testimonio de Sabina Huilca, quien se ha sumado al esfuerzo de las mujeres indígenas y pobres –el principal objetivo de la estrategia de Fujimori–, es clave.
Se estima que son 2 mil 022 las mujeres a quienes se afectó de por vida.
La abogada Rossy Salazar Villalobos, de la organización no gubernamental Demus, que promueve la judicialización del caso de las esterilizaciones masivas, informó que el año que pasó se interpuso ante la CIDH una petición para que se investigue por qué el Estado peruano se niega a sancionar a los responsables.
“En noviembre último hubo una reunión de trabajo en Washington de la CIDH, luego de la cual difundió un comunicado condenando al Estado por mantener la impunidad de los casos de esterilización forzada”, explicó Rossy Salazar: “Nuestra idea es ir a la Comisión para luego llegar a la Corte Interamericana para que emita una resolución en el sentido de que el Estado peruano cumpla con investigar y sancionar a los que organizaron las esterilizaciones forzadas”.
Entre los acusados se cuenta al ex ministro de Salud Alejandro Aguinaga Retuerto, quien en reiteradas ocasiones ha negado la existencia de una política de esterilización forzada contra mujeres andinas en estado de pobreza. Aguinaga no solo es médico personal del ex presidente Alejandro Aguinaga sino también miembro del entorno íntimo de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Aguinaga ha sido reelegido congresista.
“Yo quisiera olvidar pero no puedo. Es imposible. Me hicieron daño de por vida, a mi y muchas mujeres más”, afirmó Sabina Huilca, de la comunidad campesina de Huayllaccocha, Cusco.

Cifras
2,022 son las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas entre 1996 y 1998.
300 mil esterilizaciones se hicieron como parte del programa fujimorista.
Hace una década Estado del Perú aceptó su culpa
En 2003, el Estado del Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmaron un acuerdo amistoso en relación con el caso de la campesina Mamérita Mestanza, muerta en 1998 luego de aplicársele la esterilización sin su autorización.
En esa ocasión, el Perú reconoció los abusos que se cometieron en la aplicación del programa de planificación familiar y prometió investigar y castigar a los responsables
El Estado peruano ha documentado la realización de 300 mil esterilizaciones. La Defensoría del Pueblo ha reportado más de dos mil casos de esterilizaciones forzadas, la mayor parte en el contexto del “estado de emergencia” para combatir al terrorismo. fuente la republica

 

En los ‘90 las sentencias se dictaban según los intereses del fujimorismo

Las comisiones ejecutivas y las salas provisionales decidían. Con el apoyo de los congresistas fujimoristas y su asesor Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori tomó el control del Poder Judicial y la Fiscalía.

César Romero C.
Bajo la bandera de la reforma judicial, a partir de abril de 1992 el gobierno de Alberto Fujimori intervino en la administración de justicia con el objetivo real de dar impunidad a sus colaboradores y perseguir a los detractores.
Al final de este gobierno el sistema judicial estaba en colapso y descrédito total. Aún hoy, 10 años después, el Poder Judicial (PJ), la Fiscalía, la Academia de la Magistratura (Amag) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tienen una alta provisionalidad en su estructura.
Luego de asumir la presidencia, Fujimori inició una campaña de desprestigio del PJ, algo que incluso hoy no es difícil de hacer pero no es la solución al problema. Fujimori rebautizó al Poder Judicial como el “Palacio de la injusticia” y muchos aplaudieron cuando el 5 de abril los tanques cerraron las sedes judiciales por 30 días y cientos de magistrados fueron despedidos sin justificación.
Jueces provisionales
Al restablecerse las actividades todo quedó en manos de magistrados provisionales o serviles al régimen. En 1994 hubo un intento de arreglar la situación, con un Jurado de Honor de la Magistratura, pero cuando los nuevos jueces titulares no se prestaron al juego del régimen se produjo otra intervención.
El 21 de noviembre de 1995 se crearon las comisiones ejecutivas. El PJ quedó bajo control del desaparecido comandante de la Marina José Dellepiane y el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, a cargo de Blanca Nélida Colán.
Las actividades de la Academia de la Magistratura quedaron en suspenso, se quitó al Consejo Nacional de la Magistratura las atribuciones de investigar y sancionar, se dio voz y voto a los jueces provisionales y nacieron los juzgados y fiscalías especializadas en derecho público (hábeas corpus y amparos), delitos tributarios, narcotráfico y bandas.
En el vladiaudio Nº 808 (abril 1998), de una cita de Cambio 90-Nueva Mayoría con Montesinos, el asesor explicó a los congresistas fujimoristas el uso político del control del PJ y la Fiscalía para lograr la re-reelección.
En la reunión participaron, entre otros, actuales acompañantes de la candidata presidencial Keiko Fujimori: Luz Salgado, Víctor Joy Way y Carmen Lozada. Montesinos les dijo que las leyes que han estado dando en los últimos meses tenía como finalidad controlar la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos para que designen como delegados ante el Jurado Nacional de Elecciones a magistrados que respalden la re-reelección presidencial.
Otros testimonios dan cuenta de las visitas de los jueces al SIN para ver temas de interés del régimen. Un modelo de relación Ejecutivo-PJ con el que la candidata Fujimori aún no hace el deslinde necesario que asegure que esta intromisión no se va a repetir para, por ejemplo, liberar a su padre sin necesidad del indulto o revisar los juicios contra la corrupción y violación de DDHH de los últimos años.
Martha Chávez
Amparo. “Cuando la congresista Martha Chávez presentó una acción de amparo, nos reunimos en el SIN con el doctor Montesinos, Adalberto Seminario, Almeyda, Serpa, Nelson Reyes y Tineo Cabrera”, declaró el abogado del SIN Pedro Hurtas.
Reelección. Martha Chávez, la misma que hoy amenaza al presidente del PJ César San Martin, logró un amparo que obligaba al JNE a inscribir la candidatura de Alberto Fujimori a un tercer mandato presidencial.
Una agresión al sistema judicial
“El autogolpe también significó una agresión al sistema de justicia muy grave. En esa época yo era abogado y encontramos el Poder Judicial rodeado de jueces y cerrado por 30 días”, recordó el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Héctor Lama More. Luego, dice, cuando ingresé al PJ en 1994, en el área civil no teníamos muchos problemas, pero cuando veíamos un caso que incomodaba al gobierno aparecían las resoluciones de los juzgados de derecho público que paralizaban todo”, subraya.
“Con el pretexto de la reforma judicial, el gobierno de Alberto Fujimori sometió bajo su control al PJ y al Ministerio Público con la finalidad de utilizar a los jueces, tribunales y fiscales para resolver millonarios casos judiciales, absolver a sus amigos y al mismo tiempo sancionar y destruir económicamente a sus adversarios o a los que no se sometían”, señaló el actual miembro del CNM, Vladimir Paz de la Barra.
“Fueron ocho años de intervención política que demuestran un profundo desprecio por la justicia, inaceptable en democracia. El PJ se convirtió en un instrumento para dar impunidad al régimen y perseguir a los opositores, hasta intervenir los canales de televisión, como sucedió en el canal 2”, refirió Carlos Rivera, de IDL. fuente la republica

 

Los días que la candidata Keiko Fujimori convivió junto al “Tío Vladi” en el SIN

[ame=http://www.youtube.com/watch?v=CjP4pfTbn_Y&feature=player_embedded]YouTube - Escritor Luis Jochamowitz recrea los escenarios siniestros del SIN[/ame]

El escritor Luis Jochamowitz recrea los escenarios siniestros en los que el ex presidente crió a sus hijos. El 91 y el 92, cuando ocurrieron los atentados de Barrios Altos y La Cantuta, Keiko Fujimori vivía en el SIE, el alma máter de los perpetradores.
Por Edmundo Cruz y Jonathan Castro.
“La investigación de la relación Fujimori-Montesinos se ha centrado en los aspectos delictivos, en las pruebas judiciales y el dinero en juego, pero todo eso está montado sobre una base emocional. ¿Cuál es el secreto de esa relación? No se conoce, porque ambos han guardado silencio sobre este punto”, advierte el periodista Luis Jochamowitz, autor del libro Vladimiro, vida y tiempo de un corruptor.
Lo que sí se conoce y se ha investigado son los escenarios de convivencia donde esa relación se empezó a construir, incluida toda la familia Fujimori. Jochamowitz ha realizado el estudio más acucioso sobre la convivencia en el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), el escenario donde el dúo llegó a la cumbre de su poder.
¿Cómo fue ese trabajo, Luis Jochamowitz?
–Fui al SIN en el 2001. Hacía varios años que la dupla ya no vivía allí, el régimen había caído. Me sentí un arqueólogo. Los arqueólogos van a un sitio que no tiene vida, que ha sido abandonado, y de la observación deducen qué sucedió.
¿Qué encontró?
Una escalera de ingreso de una ostentación asombrosa. Con detalles demoníacos, un pasamanos tallado con incrustaciones de cobre y bronce, un trabajo de artesanía carísimo. Imaginar que el Estado peruano gastara tanto dinero en tallas de pasamanos para una oficina militar era absurdo.

¿Dónde montaron la residencia para la familia presidencial?
En el segundo piso. A la mano derecha se construyó el ala de los Fujimori y a la mano izquierda estaba el ala burocrática. Montesinos tenía oficina, dormitorio, baño privado con mayólica negra, teléfono en la ducha y televisión. Más una habitación abarrotada de maletas con ropa que compraba compulsivamente y ni siquiera abría.
¿Quién la construyó?
Ha debido ser un arquitecto militar, por el tipo de instalaciones. Pero se hizo con la participación de Fujimori. El baño era un exabrupto, un caso extraño de boato y despliegue medio romano. El cuarto de gimnasia de Kenji era el espacio más grande del segundo nivel con piso de parquet. Se hizo un solarium misterioso. El solarium es un lugar donde cae el sol y en realidad todo lo que no tenga techo es un solarium, pero en este caso fue construido ex profeso.
¿El dormitorio de Montesinos estaba distante de la habitación de la candidata Keiko?
Estaba cruzando el pasadizo a lo ancho. No deben ser más de 10 metros. Pero, la distancia no es tan significativa, lo que cuenta es la convivencia cercana, diaria.
Se sabe que la construcción se decidió el 13 de noviembre, el día que el general Jaime Salinas Sedó intentó derrocar al régimen.
Lo cierto es que el proyecto fue hecho a gran velocidad, coincidió con el traslado masivo de personal al SIN y la compra de una flota cuantiosa de automóviles, fue una cosa acromegálica. Convivieron unos 3 años. Fue el momento de mayor intensidad en la relación de Montesinos y Fujimori, pero parece ser que se produjo un hartazgo del uno con el otro, quizás más de Montesinos hacia Fujimori.
¿Qué pasó?
Habrán pensado: ya es suficiente, ya hicimos lo que teníamos que hacer. O se cansó el uno del otro. Esa es la sensación que recogí de la gente. Pero, ninguna de las dos partes ha contado los pormenores, no digamos los grandes crímenes, los desfalcos, sino los detalles. Pregúntenle a Keiko dónde almorzaban, si veía a Montesinos todos los días, si las propinas del tío Vladi eran de 100 o 20 soles.

 

Campaña 2011: Autoritarismo S.A.




Alrededor de Keiko Fujimori orbitan ahora muchas de las figuras del fujimorismo de los años 90 que avalaron la ruptura del régimen democrático por Alberto Fujimori. Aquí hacemos memoria sobre lo que la hija del ex dictador y su grupo no quieren recordar.

Por Raúl Mendoza
En su mitin de cierre de campaña Keiko Fujimori calificó a su padre como el “mejor presidente de la historia” peruana. Días después, la noche que pasó a segunda vuelta, la concentración convocada frente al Hotel Bolívar nos regresó a lo peor del fujimorismo re-reeleccionista: la gente gritaba “chino, chino, chino” y ella acompañaba mano en alto. Y si no bastó ese ‘dejà vu’ de los 90, solo hay que revisar el entorno de la candidata para comprobar que ahí está una gran cantidad de importantísimas figuras de ese régimen autoritario. Mario Vargas Llosa fue muy claro hace unos días: “El equipo de Keiko es el equipo de cómplices de su padre”.
Veamos. Los candidatos a vicepresidentes Jaime Yoshiyama y Rafael Rey acompañaron en el pasado importantes decisiones de Alberto Fujimori y hoy son –junto al ex presidente– los principales asesores de la campaña. En 1992 Jaime Yoshiyama avaló (era ministro de Energía y Minas) el autogolpe del 5 de abril y la ruptura democrática. No solo eso: presidió el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que alumbró la Constitución de 1993. Fue, a decir del abogado Carlos Rivera de IDL, clave en el andamiaje que construyó el fujimorismo para implantar su estilo autocrático.

“Él (jaime yoshiyama) fue uno de los líderes, junto a otros técnicos, de la corriente que desencadenó el autogolpe y liquidó la Constitución del 79. Luego, en el CCD contribuyó a darle marco de legalidad a esa medida”, explica Rivera. Incluso Yoshiyama fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida por el delito de ‘rebelión’ por los hechos del 5 de abril. Luego el Poder Judicial archivaría el caso. Hoy es el hombre por donde pasan algunas de las más importantes decisiones de campaña. “Es incluso el nexo con los empresarios que financian a Fuerza 2011”, dice una fuente.

Rafael Rey Rey, por su parte, fue vicepresidente del CCD y apoyó la Ley de Amnistía para militares, policías y civiles acusados de violación a los derechos humanos. Una medida que liberó temporalmente al grupo Colina. Pero regresemos al presente: con el gobierno aprista fue ministro de Defensa y en ese papel pretendió pasar el decreto 1097, que buscaba que los crímenes contra los derechos humanos se archivaran en 36 meses si no se dictaba sentencia. El caso lo denunció IDL-Reporteros y finalmente no pasó.
No es todo. Desde siempre Rafael Rey se ha enfrentado a las ONG que defienden los derechos humanos: para él todas son ‘caviares’ y todas defienden a terroristas. Como ministro de este gobierno evitó dar información a las autoridades sobre el caso Putis –donde fueron asesinados más de 100 campesinos por el Ejército– y señaló en una entrevista que ese caso no calificaba como delito de lesa humanidad. Y no hablemos de su intolerancia en temas como el estado laico o el aborto. Hoy es uno de los voceros y escudero de la candidata.

La posición de Rey en derechos humanos es secundada, entre los más notorios, por la congresista Martha Chávez y el periodista Víctor Robles. El plan de gobierno no tiene nada sobre el tema. El abogado Carlos Rivera, de IDL, señala que tienen una agenda para promover la impunidad entre miembros de las fuerzas armadas.
Todos vuelven
En esta campaña han reaparecido también varios personajes que mantenían perfil bajo. Por ejemplo, Jorge Trelles, ex ministro de Educación en el primer gobierno de Fujimori y actual vocero de Keiko para la segunda vuelta, o Jorge Morelli, periodista y actual jefe de prensa de la candidata. Los dos avalaron durante los 90 las acciones autocráticas de Fujimori a través del programa Mesa Política, en Cable Canal de Noticias, justificando lo injustificable y atacando a los adversarios políticos de entonces como Alejandro Toledo o Alberto Andrade. A veces se sumaba a ellos Fernán Altuve.
Jorge Trelles es además una persona muy cercana a Alberto Fujimori desde siempre. Mantuvo contacto con él durante su detención en Chile y fue un continuo visitante de la Diroes más recientemente. Junto a Morelli es también un importante estratega de la campaña e ideólogo del fujimorismo más nuevo: ambos han dictado charlas para la militancia en el local de Fuerza 2011.
Trelles, además, es el más ‘pechador’ de los voceros. “Vargas Llosa necesita un siquiatra”, comentó hace unos días cuando el escritor dijo que apoyaría a Ollanta.
Pero si hasta aquí hemos hablado de espíritu autoritario, casi se podría decir que la ‘esencia’ de esta posición la representa la congresista electa Martha Chávez, quien hasta hoy tiene problemas para decir que es justo que los integrantes del grupo Colina estén en la cárcel y que los estudiantes de La Cantuta no eran terroristas. También ha amenazado al presidente del Poder Judicial, César San Martín, porque como todos en el fujimorismo sigue afirmando que Alberto Fujimori es inocente.

A ella se suman los congresistas electos Luz Salgado, Luisa María Cuculiza, Alejandro Aguinaga, otros alfiles del fujimorato en los 90. El tercero es el médico de cabecera de Alberto Fujimori, fue ministro de Salud en los 90 y fue investigado por el caso de las esterilizaciones forzadas a mujeres de la sierra en esa década. ¿Otros personajes del fujimorato que acompañan a Keiko? Hay varios, pero entre los más notorios están el jurista Fernando de Trazegnies, ex canciller del fujimorismo; el abogado Marino Costa Bauer, ex ministro de Salud; el ex congresista Carlos Pando; el abogado César Luna Victoria, y el empresario José Chlimper. ¿Es más democrático el fujimorismo que el rival de la segunda vuelta? “El fujimorismo de los 90 priorizó el modelo económico por encima de las libertades, los derechos humanos y la institucionalidad. Nada hace pensar que han cambiado”, advierte el abogado Carlos Rivera. Muchos de los que acompañan hoy el proyecto de Keiko respaldaron las decisiones dictatoriales de Fujimori padre y lo hubieran acompañado en un tercer gobierno. Como dice Vargas Llosa, fueron cómplices. Que no digan que son la alternativa democrática

 

El viernes nada "santo" de Alberto Fujimori y la importancia de los planes de gobierno

Aquel viernes santo de 1990, Alberto Fujimori utilizó como excusa una supuesta intoxicación con bacalao para no sustentar su plan de gobierno. Juan de la Puente recuerda este "sin-sabor" pascual.

José Miguel Silva @jomisilvamerino
¿Qué se le cruza por la cabeza a un candidato presidencial que de pronto evade la presentación de su plan de gobierno con la excusa de una intoxicación por comer “bacalao”?
Partiendo de esta interrogante, conversamos con Juan de la Puente, importante analista político y columnista de La República, quien ve en esta “anécdota” una muestra de un hecho tan lamentable como cierto. “Puede haber muchas coartadas para que un candidato no explique un plan de gobierno que no domina”.
¿Cómo recuerda usted ese “viernes santo” y la famosa intoxicación de Fujimori por comer bacalao?
Quedaban dos candidatos, y en aquel momento se señalaba de Fujimori, la fragilidad de su programa. Su vinculación con su equipo de plan de gobierno era muy débil. Más allá de la promesa de no shock, todo indicaba que él no dominaba los puntos de su plan de gobierno.
¿Era el momento para que él exponga sus ideas no?
Efectivamente. En la Semana Santa de aquel tiempo se planteó la necesidad de que Fujimori fuera más explícito en su plan de gobierno. La coartada a la que recurrió Fujimori fue que había comido bacalao y se había intoxicado. Como ya estaba comprometido a presentarlo, apareció su esposa Susana Higuchi a explicar esa historia.
¿Esto qué mensaje le deja?
Que pueden haber muchas coartadas para que un candidato no explique un plan de gobierno que no domina.
¿Cómo reaccionó la prensa en ese entonces?
Reflejó la mentira. No se tragó el cuento. Fue casi inmediato. Hubo informaciones que indicaban que él nunca se enfermó.
¿Qué importancia le da el electorado a los planes de gobierno?
En una democracia sin partidos los programas son menos relevantes, porque la política aquí le da más importancia al candidato, es una política antropomórfica, que se fija más en los movimientos y gestos que realiza.
¿Y cómo es la situación en otros contextos?
En varios países de América latina, importan mucho los programas, especialmente en la segunda vuelta. Si para muchos no es relevante en la primera vuelta, para otro sí lo es, en esta fase de la campaña.

¿Es aceptable una reforma de plan de gobierno a estas alturas?
La segunda vuelta es otra campaña, por eso se justifica que los candidatos puedan reelaborar sus planes de gobierno. Si un candidato tiene escasa votación, tiene entonces que producir una mayoría política con la que pueda gobernar.
Pero esto algunos lo ven como doble discurso…
Esto es extraño, porque cuando a los candidatos les piden que se moderen, lo hacen y luego los critican igual. Toledo y García en el 2006 hicieron precisiones en sus propuestas y nadie los acusó de doble discurso.
¿Quiénes deben proponer los acuerdos, los ganadores o los perdedores como PPK?
Para mí la política es el arte de lo posible, si él logra levantar una bandera política para proponerla es su problema, pero mi impresión es que ni siquiera dentro de su propia alianza están de acuerdo con su programa de ideas.
¿Humala se ha reunido pero no ha firmado documentos aún, le parece que él es consciente de que su primer lugar lo obliga a manejarse con más cuidado?
Creo que no solo Humala sino Keiko están tanteando para ver el sentido de la población, para ver de qué manera pueden afinar su programa.
¿Han cambiado mucho las cosas con respecto a la primera vuelta?
El Perú ha votado por el cambio. Estamos en un segundo momento muy distinto al del 10 de abril. La discusión se refiere a cómo se da en el cambio, nadie aquí propone algo diferente a eso.
¿Usted se refiere a Humala únicamente?
No, me refiero a los dos, que expresan un descontento con el modelo. La gente quiere cambios sustantivos en el modelo. Por esto es que ambos expresan a su modo un descontento de los peruanos con la realidad del país.
¿Cuáles son los retos mayores de ambos candidatos para vencer en esta segunda vuelta?
Veo dos retos. En ambos casos primero deben derrotar los dos miedos. Además deben demostrar que es posible producir el cambio, sin dejar los grandes logros que ha tenido el país. Si el Perú requiere continuidad y cambios, los candidatos deben tener mucho cuidado para hilar fino y lograr convencer a los votantes.

 

El incendio del Banco de la Nación, un crimen de Estado que sigue impune



Injusticia. Viudas reclaman sanción para los autores de las muertes de sus esposos. Está probado que fue una conspiración del gobierno fujimorista, pero el PJ sólo condenó a 10 años de cárcel a ex asesor por delito contra la seguridad pública.

Ángel Páez/Doris Aguirre.
Las autoridades judiciales probaron que Vladimiro Montesinos, asesor presidencial del ex mandatario Alberto Fujimori, dispuso el financiamiento de un plan secreto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para generar caos, violencia y muerte durante la jornada de protesta de la “Marcha de los Cuatro Suyos” con el propósito de atribuir los desmanes a los dirigentes de la movilización antigubernamental y descabezar así a la oposición.
No obstante haberse acreditado la participación de Montesinos en la operación de sabotaje, que incluyó el incendio de la sede central del Banco de la Nación, lo que causó la muerte de seis empleados de la institución financiera, el ex jefe de facto del SIN no fue castigado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, como solicitó el Ministerio Público. El ex consejero personal de Fujimori recibió una sentencia de 10 años de prisión por el delito contra la seguridad pública y peculado, de acuerdo con la resolución de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima, del 27 de agosto del 2009.
El Ministerio Público y la Procuraduría del Caso Fujimori-Montesinos interpusieron en el acto un recurso de nulidad contra el fallo. Desde entonces, más de una década después de los hechos, los deudos están a la expectativa de una justa condena.
Hablan las viudas

“Desgraciadamente el caso se ha estancado, lo que nos impide acceder a la indemnización que nos corresponde”, dijo María Essenwanger Villanueva, viuda de Víctor López Asca, uno de los que murieron en el Banco de la Nación, el 28 de julio del 2000: “Persistiremos hasta que finalmente se sancione como corresponde a los autores del horrendo crimen”.
“Durante el juicio se mostraron evidencias de la responsabilidad del gobierno de Fujimori, pero el Poder Judicial solo ha condenado a Montesinos y a algunos altos oficiales de la Policía Nacional por delitos contra la seguridad pública y peculado, mas no por homicidio. Nosotros seguimos luchando para que la justicia aplique la ley con severidad como corresponde a los instigadores y a los autores del incendio del Banco de la Nación que costó la vida a mi esposo y a cinco de sus compañeros”, manifestó Teresa Piscoche, viuda del supervisor Víctor Miranda Suárez.
Durante el proceso, tanto la Procuraduría como el Ministerio Público aportaron evidencias sobre la participación de agentes del Estado, en especial del SIN, con Montesinos a la cabeza. Entre los implicados se encontraba el coronel PNP (r) Manuel Aivar Marca, sicario de las actividades criminales clandestinas de Montesinos.
Este diario publicó recibos y facturas de varios de los hoteles que están alrededor del Banco de la Nación a nombre de empresas de fachada que montaron agentes del Servicio de Inteligencia SIN, con la expresa finalidad de ejecutar el sabotaje, cuyo objetivo era desacreditar la protesta popular contra la reelección de Alberto Fujimori. Sin embargo las autoridades judiciales arguyeron que no existían pruebas concretas. En otras palabras, prácticamente querían que los recibos estuviesen a nombre de Montesinos.
El procurador Pedro Gamarra Johnson confirmó que el recurso de nulidad contra la sentencia todavía no se resuelve. “El fallo fue a todas luces benigno porque existen suficientes evidencias”, señaló. Es un crimen de Estado impune.
‘Está probado que fue un sabotaje’
“Efectivamente, el fallo contra Montesinos fue benigno, por lo que la Procuraduría y el Ministerio Público interpusimos recurso de nulidad”, afirmó el procurador Pedro Gamarra.
“Una de las pruebas contundentes es que el SIN infiltró a agentes en hoteles aledaños al Banco de la Nación. Es una evidencia irrefutable”, señaló.

La República contribuyó con el caso proveyendo la identificación de los hoteles y de los agentes que participaron. También publicó un documento del SIN que demostraba la intervención del aparato de inteligencia controlado por Montesinos, comprobándose que se trataba de un crimen de Estado.

 

El fujimorismo avasalló los derechos fundamentales de los trabajadores

Despidió a 300 mil trabajadores públicos, creó las services y demolió sindicatos. Gobierno de ese entonces creó la figura del despido arbitrario que permitió que los empleadores despidieran a los trabajadores sin mayor explicación.

Jorge Loayza.
La avalancha de normas antilaborales que dio el gobierno de Alberto Fujimori sepultó los derechos de los trabajadores desde los primeros años de su gestión.
El señor Raúl Ramos Silva es un sobreviviente de ese desastre. En el año 1994, luego de 35 años de servicio en la Municipalidad de Lima y con la nueva legislación laboral fujimorista, le pusieron la pistola en la cabeza: “O renuncias o no recibes beneficios”. Optó por lo primero y hasta ahora –a los setenta años de edad– no se le reconoce todos sus derechos. Él aún no se da por vencido.
“Estuve obligado a renunciar al igual que la mayoría de obreros con un mínimo de la indemnización de lo que me correspondía y hasta ahora nos deben. Por treinta y cinco años de servicio solo cobro 220 soles de pensión”, recuerda.
La lista de ‘muertos y heridos’ de esa aplanadora de decretos es larga. Manuel Cortez, secretario general de la Coordinadora Nacional de Despedidos, señala que entre los años 1991 y 1998 se despidieron a cerca de 300 mil trabajadores del sector público, 180 mil de la administración y unos 120 mil de las empresas.
Una de las primeras normas laborales del gobierno fujimorista se dio en enero del año 1991 cuando se publicó el Decreto Supremo 004-91 PCM –firmado por el entonces ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller–, el cual se planteaba la reestructuración del Estado, porque –argumentaban– había mucha gente y se tenía que “racionalizar”, es decir, despedir. “Hasta entonces los trabajadores solo podían ser despedidos por faltas graves”, recuerda Cortez.
Dicho decreto autorizó a todas las entidades públicas a hacer reestructuraciones y dar incentivos para los trabajadores que quieran dejar su puesto de manera voluntaria, esto porque el sueldo básico de los trabajadores era ínfimo.
Cortez precisa que si bien ese sistema se llamó “voluntario” si el trabajador no lo aceptaba igual era despedido y sin incentivo, además que se prohibía su regreso a la administración pública.
“El pretexto del gobierno era que el Estado se tenía que reducir para ser más eficiente porque los trabajadores públicos eran ‘comechados’ y se necesitaba contratar a personal especializado. Lo cierto es que el número de trabajadores nunca se modificó porque luego de que despidieron a los estables se contrató a otros bajo el régimen de contratos por servicios no personales. Ellos no tendrían derechos como vacaciones, aportaciones al sistema de pensiones o seguro médico”, explica el dirigente.
La época más nefasta
Pero esos 300 mil despedidos no fueron las únicas víctimas de las normas que se dieron durante el fujimorismo. El abogado laboralista Carlos Blancas califica esos años como “una época muy nefasta para el derecho laboral”, pues se eliminó una serie de “derechos fundamentales de los trabajadores”. Entre ellos menciona la eliminación de la estabilidad laboral y la creación de la figura del despido arbitrario a través del Decreto Legislativo 728, lo que también perjudicó a los trabajadores privados. Ese decreto se consolidó el año 95 con la Ley 21513, que eliminó por completo todos los rezagos de la estabilidad.
“Esa figura permitió el despido de dirigentes laborales y el descabezamiento de los sindicatos. Al inicio del gobierno la tasa de sindicalización era de más de 20% y al terminar fue de 3% a 4%”, recuerda Blancas Bustamante.
En opinión del abogado, otro tema muy grave fue la creación de las services mediante la apertura de la intermediación laboral, lo que significa –hasta ahora– la evasión de las obligaciones laborales y la precarización del trabajo, pues esos trabajadores no gozarían de una serie de derechos como uno formal. “La tercerización fue para evitar la estabilidad laboral y la organización sindical. Así, la capacidad de reclamo se redujo y trajo como consecuencia el pago de salarios bajos”, explicó el abogado.
Ese no fue el único daño porque también se ampliaron los contratos temporales, lo que provocó que los trabajadores lleven muchos años haciendo labores de uno estable, pero firmando contratos cada cierto tiempo.
Si bien el argumento del fujimorismo para realizar toda esta política de flexibilización laboral fue la creación de más puestos de trabajo, lo cierto es que –dice Blancas–durante los diez años de fujimorismo las cifras de desempleo fueron las mismas.

Javier Mujica: “Fue la flexibilización más salvaje”
El laboralista Javier Mujica dijo que los cambios que hizo el gobierno fujimorista en materia laboral determinaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la calificara como la flexibilización laboral más salvaje en América Latina. Además, señala que con la Constitución del 93 se dejaron de lado dieciséis derechos sociales, muchos de carácter laboral. Entre las normas más graves, Mujica manifiesta las que se dieron para facilitar los despidos.
Mujica indica que también se creó el despido arbitrario, es decir que, en adelante, el empleador podría despedir a un trabajador sin darle una explicación. “Además, se dio la Ley de relaciones colectivas de trabajo que privó a los trabajadores de la protección de la autoridad administrativa”, acotó.
El abogado indica que otro aspecto nefasto se dio cuando se implantó la renegociación de los acuerdos de los trabajadores con los empleadores que se habían suscrito hasta entonces. “Pero eso se hizo con sindicatos debilitados y los trabajadores perdieron sus derechos”, sostuvo.

 

Estimado Makinazo saludo con mucho entusiasmo sus enormes aportes para la informacion y actualizacion a las nuevas generaciones sobre lo que paso en los 90' pero lastimosamente debo informarle que ninguno de los Fujimoristas entrará ni contestará, ellos se ciegan en que el chinito fue nuestro salvador y nosotros somos unos viles desagradecidos.

 

La corrupción en el régimen fujimorista aumentó la pobreza extrema

Un diagnóstico de la Iniciativa Nacional de Anticorrupción (INA) sobre la corrupción sistémica durante el gobierno de Alberto Fujimori desdice la calidad de crecimiento económico que hoy usa como activo la candidata Keiko Fujimori.

Por: Martín Hidalgo
El estudio, elaborado en el 2001 a pedido de Valentín Paniagua, presidente de la transición a la democracia, revela que debido a la corrupción entre 1998 y 2000 el PBI no creció US$ 697 millones, lo que en la suma de los dos gobiernos fujimoristas significó una pérdida de US$ 1.800 millones.

En términos de impacto a la pobreza, no se crearon 163.706 puestos de trabajo y 155.400 personas no salieron de la pobreza. Según el sociólogo de Proética, Samuel Rotta, dichas brechas identificadas en el Perú demuestran que la corrupción en el régimen fujimorista incidió claramente en los altos niveles de pobreza que afrontó el país.
Según los cálculos de la CEPAL, en el 2000 el Perú mostró una de las reacciones más bajas de la región, lo cual desbarata la calidad del crecimiento que los fujimoristas aseguran haber tenido.
“La gente ha olvidado que después del ‘fujishock’ el nivel de pobreza en el país subió en 10 puntos”, sostiene Samuel Rotta.
Según el balance de la procuraduría anticorrupción, Alberto Fujimori saqueó US$ 6 mil millones de las arcas del Estado.
¿A dónde fue a parar todo el dinero destinado para los más de cien mil pobres? En un documento judicial, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos cuenta que parte de ese dinero sucio se usó para pagar los estudios de Keiko Fujimori.

 

Aqui estan, estos son los naranjas del Peru!

 

Gamarra: Detrás de cada líder fujimorista, hay un vladivideo


El ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sostuvo que detrás de cada fujimorista, hay un vladivideo, y basta mirar el caso de Jorge Trelles, nuevo vocero de Keiko Fujimori.
Ronald Gamarra sostiene que en 1998 Trelles se reunió con Vladimiro Montesinos y conversó con él sobre el control del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura. “Hay que buscar, simplemente hay que hacer memoria”.

“Veamos los vladivideos o los respectivos audios 806 y 807, que dan cuenta de una reunión del 3 de abril de 1998 en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional entre Vladimiro Montesinos y la bancada de entonces Cambio 90”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El pasado de Trelles

Gamarra Herrera explicó que en esa misma reunión se habló de “blindar” a la ex fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, y recordó el papel del exparlamentario en el intento reeleccionista de Alberto Fujimori.

“Justamente después de esa reunión llega una acusación contra ex fiscal de la Nación y [observen] quién es el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que la va a defender: Jorge Trelles, el nuevo vocero de Keiko, quien estuvo presente en esa reunión”, mencionó.

 

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=od1epjM5tvE&feature=mfu_in_order&list=UL[/ame]


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Da mucha gracia cuando escucho a ciertos individuos decir que alguien puede copiarse el ¿Plan de Gobierno del Sr. Ollanta Humala?, jajajaja, en primer lugar ese señor a que se dedica , que formacion profesional tiene, quienes son sus grandes asesores, solo tenemos que ver la clase se congresistas que esan gracias a su ¿partido politico?, jajjaa, que gracia