Para no olvidar: Privatizacion de empresas por parte del Padre de Keiko

Fujimorismo: Privatización fue remate de las empresas


Mafia malbarateó empresas nacionales en beneficio propio. Tras diez años de gobierno fujimorista se había vendido gran parte del patrimonio nacional, pero en las arcas del Estado solo quedaban $ 223 mlls.


El proceso de privatizaciones constituye otro capítulo nefasto del decenio fujimorista y que pone en evidencia los manejos oscuros de los recursos del Estado. Sin transparencia, criterio técnico y pasando por alto el interés nacional, las empresas públicas fueron rematadas y no siempre al mejor postor.
Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6,445. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas).

El dinero que finalmente ingresó a las arcas del Estado se utilizó en menor porcentaje para los fines previstos y por el contrario se gastó en compras de armas, pagar la deuda externa, cubrir el déficit fiscal, y a financiar la re-reelección de Alberto Fujimori.

“El decreto legislativo 674 establecía que el dinero de las privatizaciones se debía invertir en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, erradicación de la pobreza y pacificación. Eso no se cumplió”, sostiene el ex legislador Javier Diez Canseco, presidente de la Comisión que investigó los delitos financieros durante el régimen fujimorista.

A precio de regalo
Diez Canseco refiere que no se manejaron valorizaciones previas adecuadas, por lo cual se subvaloró el precio de las empresas a ser privatizadas. Menciona el caso de la compañía envasadora Solgás, de la cual se vendieron el 84% de sus acciones a US$ 7.5 millones en 1992 cuando un año antes había tenido utilidades de US$ 2.9 millones.

“Era absurdo vender. El operador que compró recuperó su inversión en 3 años y en 1996 vendió el 60% de sus acciones en US$ 39 millones. Se reveló una evidente subvaluación”, señaló.

Otro caso escandaloso de subvaluación fue el de la refinería La Pampilla. En 1996 el Estado vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994 la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones.

Un análisis del proceso privatizador revela también que muchos operadores no cumplieron con los planes de inversión. Por ejemplo, Shougan se comprometió a invertir US$ 150 millones en Hierro Perú durante el periodo 92-95, pero no lo hizo y reprogramó su inversión hasta 1999. Finalmente, la empresa incumplió el compromiso y resolvió el problema con una penalidad de US$ 12 millones. El contrato no establecía mayor sanción.

Aeroperú
La venta de la compañía aérea reveló el uso de información privilegiada de personajes vinculados al gobierno. Roberto Abusada, asesor del entonces ministro de Economía Jorge Camet, fue a la vez representante del consorcio mexicano que ganó la buena pro.
“Estos casos revelan la desnaturalización del proceso privatizador en beneficio de una cúpula mafiosa”, concluye Diez Canseco.

Despidos masivos y monopolios
Entre los objetivos de la privatización figuraba aumentar y mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, hacia 1999 habían sido cesados 120 mil trabajadores de empresas públicas. Los nuevos operadores solo reabsorbieron el 36%, bajo condiciones de precarización.

El caso de la Compañía Peruana de Teléfonos (CTP) y ENTEL es elocuente, pues antes de su venta tenían en conjunto 12.094 trabajadores. La masa laboral se redujo a 3.823 trabajadores cuando Telefónica la compró. Sin embargo, los trabajadores de empresas filiales de la transnacional suman ahora 15 mil en condiciones laborales de tercerización, sin ningún derecho de un trabajador formal.

Tampoco se cumplió con propiciar la libre competencia en los servicios públicos. Nuevamente se puede citar el caso de Telefónica, que tuvo el control absoluto del mercado por años. También se puede mencionar a las empresas eléctricas Edelnor y Luz del Sur. Ambas se han dividido el servicio eléctrico en la capital y hasta la actualidad los usuarios no tienen posibilidad de cambiar de operador si así lo desean.

Cesarion

 

Este país ha sido saqueado a lo largo de su historia, de historia es lo que menos se enseña en los colegios , para crear gente fronteriza mentalmente que creen que un candidato les solucionara todos los problemas de su vida bailando regueton, gente que ignora como keiko fujimori es la cabeza visible de esta yacuza version peruana.

 

MODELO DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Las empresas públicas tuvieron una gestión lenta, burocrática, con alta rotación de la gerencia y costos elevados; esto es, una gestión incapaz de responder adecuadamente a las exigencias de entornos cambiantes y competitivos. la gestión de las empresas públicas se caracterizaba por:

- Carencia o indefinición de objetivos.

- Alto nivel de rotación del personal ejecutivo y de dirección.
- Burocracia en todos los niveles.

- Ausencia o deficiencia de control empresarial y falta de sistemas de evaluación.

- Interferencia política.

- Falta de ética y moralidad en algunos funcionarios.

- Descapitalización de las empresas por erradas políticas de precios. a Elevados costos de producción.

- Bajos niveles de productividad.

- Serios problemas administrativos, financieros, económicos, etc.
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LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES EN EL PERÚ 1991-2000

En 1968 existían en el Perú entre 18 y 40 empresas estatales cuyas actividades representaban entre el 1% y 6% del PBI. El 8% del patrimonio empresarial manufacturero era de propiedad del estado, así como el 1% del patrimonio empresarial del sector minero. En los siguientes siete años, las empresas estatales crecieron significativamente en razón de que el gobierno revolucionario del General Juan Velasco Alvarado les asignó un rol fundamental en la estrategia de desarrollo, llegando a conformarse 174 empresas estatales en 1977.

Como consecuencia del intenso proceso de crecimiento de la Actividad Empresarial del Estado (AEE), las empresas estatales tuvieron una gravitación macroeconómica significativa. De acuerdo a la información de la Corporación Nacional de Desarrollo (CONADE) en 1991 existían 186 empresas estatales, de ellas 135 no financieras y el resto ligado al sistema financiero, cuyas actividades generaban alrededor del 20% del PBI.

De acuerdo a una clasificación elaborada por CONADE en el año 1991 los activos de la AEE no financiera pertenecen en 29% al sector de electricidad, 19% al de hidrocarburos, 15% al de minería, 9% al de industria, 7% al de comunicaciones, 7% al de saneamiento y vivienda, 6% al de transporte y 8% a otros sectores. El estado peruano participaba en el 100% de la generación de electricidad, agua potable y comunicaciones; controlaba el total de la producción de petróleo y gas; generaba el 35% de la producción manera y el 33% de los servicios de transporte y estaba presente en los sectores de pesca y comercialización de alimentos. En general, es posible afirmar que existían empresas estatales en prácticamente todos los sectores económicos.

Según un estimado del Banco Mundial, el valor en los libros de los activos de las empresas estatales no financieras ascendían aproximadamente a US$ 5500 millones en 1988. Según estimados de CONADE, este monto representaba alrededor del 95% del total del patrimonio empresarial del estado. Asimismo, las empresas estatales canalizaban, aproximadamente, el 28% del total de las exportaciones y el 26% del total de las importaciones. Se estima que en 1991 a través de las empresas estatales se desarrollaba un tercio de la inversión pública, y en 1989 la inversión realizada por las empresas estatales equivalía al 1,5% del PBI. Con relación al empleo, la AEE dio ocupación a unas 200 000 personas, lo que correspondía al 2,6% de la PEA.

Claramente la AEE en su conjunto constituía un grupo empresarial de enorme importancia en la economía peruana. Sin embargo, sólo unas pocas empresas de este conglomerado explicaban la mayor parte de los agregados económicos mencionados. Del valor de los activos, el 60% correspondía a tres empresas y sus afiliados (ELECTROPERÚ, PETROPERÚ y ENTELPERÚ); 30 empresas representaban el 85% y entre 50 y 60 al 98%. Asimismo, la mitad del valor de la producción correspondía a las actividades de petróleo, energía y minería. Por su parte, el 40% del empleo en la AEE se encontraba en los tres sectores anteriormente mencionados.

Las deficiencias en la gestión de estas empresas empezaron a ser cada vez más visibles, llamando la atención de la opinión pública. El servicio telefónico estaba fuera del alcance de la mayoría de la población, y la espera por una línea telefónica tomaba muchos años. Esta situación empezó a modificarse en la década de los noventa, después de abril de 1992 cuando el presidente Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso e intervenir el poder judicial, concentrando el poder en el Ejecutivo. De esta manera obtuvo mayor margen para llevar a cabo las reformas, dando inicio al proceso de privatizaciones. En 1994 tuvo lugar la subasta de las acciones de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (ENTEL PERÚ), la más importante de todo el proceso, por el monto recaudado y el compromiso de inversión de la empresa Telefónica de España, beneficiaria del proceso. Ese mismo año se inició la venta de las empresas de generación y distribución de electricidad.

La privatización de las empresas de electricidad y de telecomunicaciones en el Perú estuvo acompañada por la creación de nuevos organismos con el objeto de regular el funcionamiento de las empresas privatizadas. Simultáneamente se promulgaron leyes de protección al consumidor así como también nuevas normas de promoción de la competencia. Las primeras estuvieron dirigidas a elevar el grado de transparencia en el funcionamiento de los mercados y en particular a facilitar a los consumidores el acceso a la información relevante antes de decidir sus compras. En el caso de los servicios de electricidad, telefonía y transportes, las funciones de regulación fueron delegadas a agencias especializadas: OSINERG, OSIPTEL y OSITRAN.


Cesarion